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miércoles, 25 de abril de 2018

Guarimbas nicaragüenses quieren golpe a Daniel Ortega

 Vicky Peláez
La escalada violenta que ha estremecido a Nicaragua durante casi una semana ha usado el modelo de las guarimbas venezolanas y ha sido aplicado como un calco por una beligerante y agresiva oposición política al Gobierno de Daniel Ortega.
Si logramos crear caos en un país podremos cambiar, sin que nadie se dé cuenta, sus valores reemplazándolos por los falsos y así obligaremos a sus habitantes a creer en estos falsos valores.
(Allen Dulles, primer director civil de la CIA, 1893-1969)
Dicha oposición ha sido generosamente subvencionada por la USAID, la Fundación Nacional por la Democracia (NED), la Unión Europea y una cadena de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Igual como en Venezuela, los estudiantes universitarios, sectores de la clase media y grupos de choque de oposición armados con metralletas, morteros, cohetones y otras armas artesanales han sembrado terror en ocho departamentos del país, saqueando supermercados y negocios privados, atacando incluso la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, incendiando la Casa del Obrero, Casa Sandinista, Ministerio de la Juventud y haciendo daño a todo lo que estaba al paso de las turbas violentas.
El comportamiento de los medios de comunicación globalizados tanto nacionales como extranjeros, las consignas políticas de la oposición, el uso de métodos insurreccionales de protesta, todo esto indica que estamos frente a un ensayo preliminar de cambio de Gobierno populista por uno neoliberal usando técnicas de una 'revolución de colores' al estilo de 'Primavera Árabe', el 'Maidán' ucraniano y la reciente 'Revolución de Terciopelo' en Armenia.
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El anuncio el 16 de abril del presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, pasado el inicio de una serie de reformas al INSS para evitar su colapso fue un simple pretexto para la derecha nacional, que esperaba con ansiedad desde hace tiempo para intentar un 'golpe suave' de Estado manipulando a los jóvenes.

Lo interesante fue que debido a un déficit de 80 millones de dólares en el sistema de pensiones, causado por el desequilibrio interno entre la base de cotización y pensionistas, el Gobierno propuso una reforma del INSS en 2017 que fue sometida a discusión democrática con los sindicatos de trabajadores.
También participaron en los debates organizaciones empresariales como el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), la AmChane (Cámara de Comercio Americana Nicaragüense), la Unipyme (Unión Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa), el INDE (Instituto Nicaragüense de Desarrollo) y otros sectores de la sociedad, incluyendo la iglesia católica y la evangélica. Como resultado de los diálogos y discusiones se logró un cierto consenso respecto a todos los puntos clave de la reforma.
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Sin embargo, a la hora de aprobar el Gobierno de Daniel Ortega la reforma al INSS para fortalecer el sistema de pensiones mediante una mejor distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores, el COSEP rechazó 'sorpresivamente' el anuncio gubernamental debido a que creaba "incertidumbre" para los empresarios y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.

Según el COSEP, sería mejor aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que consistían en aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, subir las semanas cotizadas y eliminar el pago de la pensión reducida, que beneficia a los trabajadores de más bajos ingresos y su familia.
Lo que no le gustó al sector privado fue que la reforma publicada en la Gaceta Oficial mantenía la edad de jubilación en 60 años y su tiempo trabajado para el otorgamiento en 15 años o 750 semanas, uno de los más bajos del mundo. También se molestaron los empresarios por no eliminar las pensiones para las víctimas de guerra, por no aumentar el número de cotizaciones de 750 a 1.500.
Le disgustó especialmente al COSEP y otras organizaciones empresariales el aumento del aporte de las compañías al INSS del 19 al 22,5%. Por supuesto no les molestó que el INSS fuera a reducir en un 5% sus gastos administrativos y los trabajadores fueran a aportar el 0,75% de la cuota laboral más y que todas las pensiones se fueran a ajustar el 5% para protegerlas y para financiar la atención de ciertas enfermedades y la maternidad.
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Al día siguiente del anuncio de la reforma, el más importante grupo político constituido por la alianza FAD-MRS (Frente Amplio por la Democracia-Movimiento de Renovación Sandinista), que representa una alianza de ultraderecha con los disidentes del sandinismo, activaron las cuentas de Twitter #SOSINSS, #NoTenemosMiedo, #OcupaINSS, #SOSNicaragua, #QueSeRindaTuMadre que narraban el rechazo a la reforma por la ciudadanía y, en especial, por los jóvenes y trabajadores, tergiversando el contenido de lo acordado por el Gobierno.
​​Los agitadores profesionales adiestrados por la USAID desde hace mucho tiempo trataron de evitar hábilmente la identificación con algún movimiento o partido político llamando a las protestas aparentemente espontáneas y a los 'plantones'.
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Posteriormente, todas estas cuentas de Twitter y en particular, #SOSINSS empezaron a glorificar la violencia, transformando a los vándalos en héroes de la resistencia y, a la vez, acusando al Gobierno y sus organizaciones de los jóvenes sandinistas como los actores principales de la violencia y destrucción.
Igual como en el caso de Venezuela, la prensa internacional utilizó estas 'noticias falsas' (fake news) para desatar una guerra mediática contra el Gobierno de Daniel Ortega.

El portal Nicaleaks anunció el pasado 16 de abril: "Esta mañana, los dirigentes de las ONG opositoras, como Cenidh, CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre otros, así como grupos políticos FAD, MRS, etc., y medios de comunicación como La Prensa y Confidencial amanecieron con los brazos y bolsillos abiertos en espera de que la USAID siga destinando dinero para eternizar el estatus de vida que llevan".
El pasado 24 de abril, Nicaleaks desenmascaró las intenciones de los cabecillas de protestas. Según la presidenta de la FAD Violeta Granera, "la seguridad social ya no es el tema de protestas, sino la libertad de expresión, la corrupción y tantos otros", entre ellos, terminar con el Gobierno populista de Daniel Ortega. Por algo el diario La Prensa repite día a día que "Ortega tiene que irse del poder".
Resulta alarmante también que la movilización para las protestas se haya llevado a cabo mediante las redes sociales con métodos muy similares a los de la Guerra No Convencional (GNC). Como lo explicó Nikaleaks, "uno de los principios básicos de la GNC, perfeccionada por Washington para derrocar Gobiernos que no son de su agrado, es lograr que la sociedad se enfrente al Gobierno con cualquier excusa, potenciar el conflicto desde el exterior y cerrar el cerco a nivel diplomático".
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Resulta que, para Washington, la llegada de Donald Trump al poder hizo más activa campaña de desestabilización de los regímenes que 'no son de su agrado', a pesar de no ser abiertamente antinorteamericanos, como el Gobierno actual de Nicaragua, que mantenía hace poco un pacto de 'convivencia' con el empresariado llamado un pacto de "unidad nacional" y que toleraba la presencia y la actividad subversiva de la USAID en Nicaragua, autora del uso de jóvenes en los cambios de regímenes en América Latina.

En 2016, esta institución del departamento de Estado de EEUU entregó a la oposición política 31 millones de dólares bajo la cobertura de 'Desarrollar las Capacidades para la Defensa de la Sociedad Civil'. Las guarimbas nicaragüenses son su resultado preliminar.
El administrador de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, ya anunció que su Gobierno continuará apoyando la "participación libre, segura y genuina de las organizaciones independientes de la sociedad civil". Omitió decir que tenía en cuenta la participación en protestas violentas, pero de eso no cabe duda, por algo EEUU apoyó a los contras en la lucha contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional entre 1981-1990.
La política de EEUU hacia Nicaragua no ha cambiado desde 1927, cuando el presidente Calvin Coolidge declaró: "Tenemos intereses bien definidos y especiales para mantener el orden y un buen Gobierno en Nicaragua… para no hacer peligrar los intereses nacionales norteamericanos y, en especial, no permitir la influencia de ningún otro poder extranjero" (The New York Times, 11 de enero, 1927).
Esto explica el descontento de la embajadora estadounidense en Nicaragua, Laura F. Dogu, por la compra de 50 tanques rusos por el Gobierno del país y por el reconocimiento oficial del Gobierno de Osetia del Sur y Abjasia. Como se sabe Washington prohíbe trabajar muy de cerca con los Gobiernos que han reconocido a estos países e impone sanciones a los que no le obedecen.

Nicaragua se fue afectada también por las sanciones que impuso EEUU a la corporación energética venezolana PDVSA, la accionista mayoritaria de la compañía petrolera nicaragüense, Albanisa. Tan fuertes han sido las presiones de Washington que la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) ha tenido que suspender la exportación a Venezuela carne, lácteos, café, ron, tabaco, frijoles y maíz.
También fue la Casa Blanca la que logró crear una fuerte oposición nicaragüense a la construcción de un Canal Interoceánico de 270 kilómetros por China que iba a desplazar al de Panamá.
Por muy conciliador y no conflictivo que sea el Gobierno de Daniel Ortega, Washington decidió cambiarlo terminando con su populismo que cierra ciertos caminos al neoliberalismo. Las recientes guarimbas, que trajeron la muerte a 27 personas, entre ellos a un periodista y un oficial de policía, son el resultado de la decisión del Gobierno de Donald Trump de no permitir más populismos y nacionalismos en América Latina, América Central y el Caribe.

El Gobierno de Nicaragua decidió derogar el decreto para reformar al INSS y así calmar a los manifestantes y poner fin a la violencia. También movilizó el Ejército y a la vez llamó al diálogo nacional y a la convivencia a todas las organizaciones políticas, empresariales, gremiales y religiosas. Para facilitar el retorno de paz, las autoridades anunciaron la liberación de las personas detenidas por las graves alteraciones del orden público.
Por el momento, la situación se calmó, pero los pobladores empezaron a organizarse para defender barrios, comercios, centros asistenciales y espacios públicos en caso de surgir otros brotes de violencia. A la oposición no le quedará otra alternativa que participar en el diálogo apoyándose en su aliado incondicional, la iglesia católica.
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No obstante, no hay que olvidar que las guarimbas nicaragüenses de ahora son un preámbulo a nuevos futuros intentos de erradicar el sandinismo, igual que en Venezuela, donde los opositores están tratando de enterrar al chavismo para cumplir con las órdenes de Washington y así poder disfrutar de sus frugales favores.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

La "segura victoria" de Abdo resultó estrecha

Informe post electoral de Paraguay

El domingo 22 de abril se celebraron las séptimas elecciones generales desde el fin de la dictadura stronista (1954-1989). Con el 99,67 % de las mesas escrutadas, los más de 4,2 millones de ciudadanos habilitados para votar registraron una participación de tan sólo el 61,40 % -el porcentaje más bajo desde el retorno a la democracia en 1989-. Mario Abdo Benítez, candidato derechista de Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, se impuso con el 46,44 % de los votos por sobre Efraín Alegre, candidato liberal de Alianza Ganar –Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Frente Guasú (FG)- quién obtuvo el 42,74 % de los votos. De este modo, el hijo del secretario privado del exdictador Alfredo Stroessner será el presidente del Paraguay por los próximos cinco años. 
Es importante señalar que la diferencia entre ambos candidatos ha sido muy exigua –algo más de tres puntos porcentuales-, y es de hecho la más acotada desde el retorno de la democracia. Es decir, todo lo contrario a lo que vaticinaban varias encuestadoras, las cuales auguraron diferencias de hasta más de 30 % a favor de Marito. Con los grandes medios y las encuestadoras en contra, Alegre se las ha ingeniado para crecer casi seis puntos porcentuales respecto a su performance de 2013 –en buena medida gracias a su alianza con el Frente Guasú-. Sin embargo, no le alcanzó para dar el salto y alzarse con la Presidencia en un país que ha sido gobernado hegemónicamente por el partido Colorado por más de 70 años, con la única excepción del triunfo de Fernando Lugo en 2008. Frente a un resultado tan reñido, la pregunta que queda latente es: ¿qué porcentaje del resultado puede explicarse por la instalación de una segura victoria de Abdo por parte de las encuestadoras?
Un nuevo ¨desacierto¨ en las encuestas
No debe sorprendernos, es ya moneda corriente observar que las predicciones electorales no se cumplan. Pero en esta ocasión, la maniobra ha sido por demás burda. ¿Habrá quien pueda explicar por qué encuestadoras como First Análisis y Estudios (del cuestionado Francisco Capli) o el Instituto de Comunicación de Arte (ICA) otorgaban en la previa una ventaja a Mario Abdo de 26,3 % y 31,4 % respectivamente? ¿Alguien todavía cree que dichas encuestas, que erraron nada más y nada menos que por 22,6 y 27,7 puntos porcentuales, fueron hechas con total seriedad y transparencia? Resulta un tanto inverosímil.
Fuente: elaboración propia en base a datos de abc.com.py[i], nanduti.com.py[ii], lanacion.com.py[iii][iv], ultimahora.com[v], hoy.com.py[vi] y resultados.tsje.gov.py[vii]
Lo más lógico sería pensar que las encuestas son cada vez más un instrumento de instalación de candidaturas, a fin de hacernos creer que las tendencias son irreversibles. Esto puede funcionar a muchos niveles en calidad de profecía autocumplida, ya sea en su variante de ¨voto a ganador¨, u operando como un factor de resignación y desgano por una segura derrota. Con relación a esto último, es llamativo que el nivel de participación haya bajado en más de siete puntos porcentuales respecto de las elecciones generales de 2013. ¿Qué relación pudo haber habido entre la percepción de que los comicios estaban resueltos de antemano, con una diferencia abismal a favor de Abdo, y el bajo nivel de participación registrado? Es una pregunta sin respuesta, pero que invita a reflexionar.
Incertidumbre en el Congreso
Para estas elecciones se presentaron un total de 29 listas de candidatos para el Senado, entre partidos políticos, movimientos y concertaciones. Un dato llamativo es que por primera vez dos ex mandatarios -Nicanor Duarte Frutos (ANR) y Fernando Lugo (FG)-, además del actual presidente, Horacio Cartes, se presentaron en la búsqueda de una curul en la Cámara Alta. El otro dato de color es que, del total de las listas, tan sólo cinco estuvieron encabezadas por mujeres –situación que se agravó aún más para las presidenciales, en las cuales no hubo ninguna mujer como cabeza de lista-.
De acuerdo con los pronósticos –perfectamente falibles- el PLRA y ANR podrían perder una importante cantidad de bancas, a favor del Frente Guasú, quien resultaría mejor posicionado, y el voto cruzado había sido alto. De este modo, se espera que en ambas Cámaras no haya mayorías, por lo que Abdo debería negociar con la oposición. Sin embargo, aun no hay precisiones debido a que ¨la Justicia Electoral informó anoche que recién una vez terminada la carga de datos preliminares correspondientes a la presidencia de la República comenzarán a contabilizar los datos correspondientes a la Cámara de Senadores.¨[viii]
Sin grandes cambios en las Gobernaciones
Si bien con algunos enroques, el número de Gobernaciones ganadas por cada partido no ha variado prácticamente. El Partido Colorado continuará teniendo en su poder más de dos tercios de las Gobernaciones, sumando en esta ocasión una más que en 2013 (13 en lugar de 12). Por su parte, el PLRA que había obtenido 4 Gobernaciones en 2013 no sufrirá variaciones (si contamos Caaguazu donde triunfó Alianza Ganar como propia) mientras que la Alianza Pasión Chaqueña (APC) perderá su única Gobernación. Los resultados entonces son los siguientes:
El PLRA venció en Concepción, Cordillera y Amambay.
Alianza Ganar triunfó en Caaguazu.
El Partido Colorado se impuso en San Pedro, Guairá, Caazapa, Itapua, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucu, Canindeyú, Pte. Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.
De este modo, los cambios se darían en Concepción (pasó del ANR al PLRA), Caaguazu (de ANR a Alianza Ganar), Central (del PLRA al ANR), Ñeembucu (del PLRA al ANR) y Pte. Hayes (del APC a ANR).
A modo de cierre
Paraguay ha elegido quién reemplazará a Cartes desde el 15 de agosto. Los electores decantaron por la continuidad de un gobierno de derecha, muy vinculado con los sectores agroexportadores, ¨sin respuesta alguna a la situación de emergencia social que vive el país, donde más de un cuarto de la población sigue en la miseria, mientras el PIB mantiene un crecimiento sostenido del 4,5 %¨[ix]. Paraguay continúa siendo el país más pobre de Sudamérica, al tiempo que el Partido Colorado sigue comandando los destinos del país desde 1947. Por ende, nada hace suponer que Abdo tendrá las respuestas para elevar la calidad de vida del pueblo paraguayo.
Por último, la muy buena elección de Alianza Ganar, reflejada en la mínima diferencia de 3,7% respecto del Partido Colorado, abre un nuevo interrogante. Y es que, luego de un resultado tan ajustado y con ejemplos recientes de candidatos que perdieron en la primera vuelta para luego imponerse en el balotaje y alzarse con la presidencia –como por ejemplo Kuczynski en Perú o Macri en Argentina-, ¿no es momento de replantearse si el sistema electoral paraguayo debe contemplar esta posibilidad?

Notas

Guillermo Javier González, investigador de CELAG

Abdo Benítez y un sistema político mafioso

Elecciones en Paraguay

El derechista Mario Abdo Benítez obtuvo un apretado triunfo en las elecciones presidenciales en Paraguay y el partido Colorado podrá gobernar cinco años más: Cuando el comando de campaña de su rival centroizquierdista Efraín Alegre, habló de un empate técnico por la escasa diferencia de votos, el presidente del Tribunal Electoral, Jaime Bestard, dictaminó que el resultado era irreversible. Con más del 97% de las mesas escrutadas, el candidato oficialista logró el 46,4% de los votos, mientras que con el 42,7% lo siguió Alegre. En estos comicios también se eligió un nuevo Congreso (donde las cifras preliminares señalan 17 senadores para los colorados, 12 para los liberales y apenas tres para el Frente Guasú) y los gobernadores de los 17 departamentos (13 colorados –uno más que en 2013-, tres liberales y una para Ganar).
Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, ganó con una diferencia de menos de cuatro puntos porcentuales sobre el liberal Efraín Alegre, de la Gran Alianza Renovada (Ganar), a quien apoyó la coalición de centroizquierda Frente Guasú, que encabeza el expresidente Fernando Lugo. Su victoria fue muchísimo más estrecha de lo proyectado por los sondeos previos.
Unos 4,2 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar (de siete millones de paraguayos) entre 10 fórmulas presidenciales inscriptas, para elegir al sucesor de Horacio Cartes, quien llega al final de su mandato con un escaso 23% de aprobación y una fortuna personal aumentada. A los 46 años, Marito, como lo llaman, sucederá a su correligionario Horacio Cartes, a quien enfrentó en la compulsa interna partidaria. El presidente había respaldado a su ex ministro Santiago Peña.
Abdo ingresó a la política partidaria en 2004, de la mano del empresario Juan Alberto Ramírez Díaz de Espada, propietario de la firma ADESA y el ingenio Santa María. Rápidamente Adbo fundó su propio sector interno, el movimiento Paz y Progreso, siguiendo una consigna de Alfredo Stroessner, junto a un nieto del dictador, Alfredo Goli Stroessner.
Empresario de la construcción, Abdo Benítez es dueño de dos empresas que se han beneficiado con contratos con el Estado paraguayo. Almacenamiento y Distribución de Asfalto (Aldía SA) fue creada en 1997 y entre 2010 y 2014 obtuvo contratos con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción por 18,5 millones de dólares.
También es propietario de Creando Tecnología SA (Createc SA), fundada en 1998 con su esposa de entonces Fátima Díaz Benza, que facturó al Estado, en el mismo periodo, otros 3,8 millones de dólares. Pero los contratos con el ministerio de Obras Públicas cesaron al distanciarse del presidente Cartes, para liderar la disidencia interna.
Paraguay, que salió de 35 años de dictadura en 1989, ha vivido bajo la hegemonía del partido Colorado durante los últimos 70 años, con la sola excepción del gobierno del exsacerdote y ex presidente progresista Fernando Lugo (2008-2012), quien fue destituido en un juicio político un año antes de completar su mandato, con el voto de los liberales, hoy sus aliados electorales. El diario conservador ABC Color señaló en su editorial que cuando Marito deba empezar a cumplir con lo que prometió como candidato, ahí encontrará el problema, tras indicar que Abdo ha identificado en su plan de gobierno factores reales y preocupantes en la política del desarrollo como la creciente pobreza y desigualdad, que afecta a más de la mitad de la población, la galopante inseguridad –ciudadana y jurídica–, falencias en las áreas de salud y educación, entre otros. La peor herencia que recibe –dice ABC -es la que le deja su homólogo saliente: la captura del sistema político paraguayo por parte de grupos mafiosos de interés político y económico bien organizados, los que de la mano del presidente Horacio Cartes han logrado cooptar al Poder Legislativo y al Judicial, así como a instituciones jurisdiccionales clave de la República, como la Fiscalía General y la Contraloría. Todo, con la finalidad de gobernar el Estado paraguayo como una empresa fraudulenta, añade el editorial. El coloradismo ya no es garantía
Pero no se puede hablar de un solo coloradismo. Un sector importante de la oligarquía tradicional (sector exportador/importador, no vinculado a las mafias del contrabando y narcotráfico) desconfía del instrumento político conducido por Cartes, pero no del partido.
Otro grupo ligado a los narconegocios vinculados al cartismo, apuesta a que su líder pueda retornar al poder si la Asamblea Constituyente a convocarse el año próximo permite la reelección del Presidente; y un tercer sector, formado por la oligarquía terrateniente, tradicional, ya no confía en el Partido Colorado como garante de sus intereses de clase.
El Partido Colorado es el que maneja los aparatos institucional, judicial y policíaco, que posibilita el contrabando y el narcotráfico en Paraguay, utilizados por Cartes para, mediante una dedocracia financiera, hacerse de cuánto negocio privado pudiera favorecer a sus empresas, señala el analista Daniel Feipeler. Es el coloradismo el que garantiza la intromisión militar estadounidense, con la excusa de la lucha antinarco, en una localización central para el control del Cono Sur y sus recursos naturales, añade.
Paraguay, un país rico en hidroelectricidad –con convenios que el nuevo gobierno debe renegociar con Brasil y Argentina- pero sin salida al mar, no logra reducir su alto índice de pobreza.
Uno de los saldos de la década de los gobiernos progresistas en la región es no haber sabido ni podido construir a tiempo cuadros politicos y figuras electorales de recambio. Pareciera que la relación directa entre el líder popular (Fernando Lugo) y su pueblo representa tanto una fortaleza como una debilidad (la dependencia del proceso de transformación respecto a que el liderazgo pueda revalidarse en las urnas). Y como vimos en Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros países de la región, la derecha golpea sobre esa debilidad.
El Frente Guasú, ante la imposibilidad de la candidatura de Lugo, evaluó sus márgenes de acción: presentarse con lista pura; conformar una Alianza con sectores conservadores y liberales, o conformar una alianza con partidos pequeños para tratar de salir del bipartidismo histórico con una tercera posición, pero sin una opción real de ganar.
Si bien la plataforma electoral de la Alianza GANAR es más progresista que la que llevó a Lugo en 2008 a la presidencia, hay una diferencia importante entre una plataforma electoral y el desarrollo de el programa político una vez en el poder. Sin embargo, esta opción también puede suponer una construcción más amplia y sostenible en el tiempo, con vocación de poder.
La opción de una alianza con sectores de derecha provocó que varios partidos políticos y sectoriales se alejaran del Frente Guasú por entender que significaba entregar las banderas y principios de la concertación. El desafío de la izquierda, tras esta  experiencia electoral fallida, está ahora en sostener en el tiempo una mirada de articulación de intereses sociales y populares, superando la debilidad planteada con respecto a la relación líder-masa y la imposibilidad constitucional de la candidatura directa de Lugo.
Efraín Alegre, un abogado de 55 años que comenzó su actividad política en oposición a la dictadura, intentaba por segunda vez acceder a la presidencia. En 2013 solamente tuvo el apoyo de su partido Liberal, y perdió frente al actual mandatario.
Además de mandatario y vice, se eligieron 45 senadores (más 30 suplentes), 80 diputados, 17 gobernadores, 17 juntas departamentales y los 18 miembros del Parlamento del Mercosur. Entre los candidatos a senadores, se encontr aban tres ex presidentes: Cartes, y sus antecesores Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.
Celso Guanipa Castro. Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

“Los muertos no dialogan”

El presidente de Nicaragua anuncia la retirada de la reforma de la Seguridad Social tras cinco días de protestas cuya represión provocó 25 muertos
El Salto

De momento, los manifestantes siguen en las calles

Mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla de paz en sus discursos televisados, en las calles las fuerzas oficialistas seguían masacrando estudiantes. A cinco días de protestas en este país centroamericano se reportan más de 25 personas fallecidas, entre ellos el periodista Ángel Gaona, de la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe. También se reportan más de 60 heridos y 40 desaparecidos.
Desde el pasado 17 de abril, jóvenes universitarios, trabajadores y jubilados han salido a manifestarse en contra de la reforma de la Seguridad Social, que aumentaría la cuota que empresas y trabajadores dan al sistema, y a su vez quita el 5 % de sus pensiones a los retirados.
Comparecencias
El presidente Daniel Ortega ha comparecido públicamente dos veces en televisión nacional pregonando que su gobierno quiere paz y llamando a los empresarios para abrir un diálogo. En la primera conferencia, Ortega se refirió a los protestantes como “delincuentes” y dijo que se trata de “jóvenes manipulados por partidos políticos que reciben dinero de Estados Unidos”.
En su segunda comparecencia este domingo 22 de abril, Ortega anunció la derogación de la reforma del seguro social y se presentó con empresarios estadounidenses y asiáticos, quienes declararon sentirse preocupados por las afectaciones al clima de inversión para el país. Ortega dijo que “no quisieron usar a la policía” y que “la inmensa mayoría de los nicaragüenses está condenando estos hechos y está respaldando las acciones que tomamos para restablecer el orden y la estabilidad, ya con el acompañamiento de la población”.
Mientras tanto, la Policía nacional y el Ejército siguen regados por el territorio nacional, en confrontaciones con los manifestantes. Sobre las acusaciones de Ortega los jóvenes son contundentes en rechazarlas: “No somos delincuentes, decir eso es lo más absurdo y manipulador. Yo estuve ahí con gente del mismo Frente. Somos el pueblo contra la opresión”, expresó el joven profesional Hermes Cruz. “Ninguno de nosotros anda de vándalos. Los único que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho a expresarnos. ¿Por qué mienten?”, se pregunta la estudiante universitaria Gema Hernández.
Las protestas
La primera protesta, que se planeó como un plantón pacífico, escaló rápidamente en violencia. Miembros de la Policía Nacional en conjunto con la Juventud Sandinista, que funciona como un órgano paramilitar del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), robaron y golpearon a manifestantes, incluyendo a periodistas independientes que cubrían el evento.
“Los motorizados pro-Gobierno llegaron con tubos, palos, piedras y machetes a agredir la protesta. Yo logré retirarme e irme a la UCA (Universidad Centroamericana), ahí también nos siguieron para apedrearnos. La policía también nos reprimía”, relata Hernández, estudiante universitaria de 19 años.
Las universidades públicas y privadas del país, otrora bastiones del gobernante FSLN, han sido algunos de los principales focos de batalla. Desde el 18 de abril, los jóvenes se han atrincherado en los recintos universitarios y han librado duras batallas con la policía y miembros de las fuerzas de choque del partido de gobierno.
Gema, estudiante de cuarto año de Derecho, ha participado en las protestas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y asegura que mientras la policía atacaba con balas y gases lacrimógenos, los universitarios se encontraban desarmados. “Los jóvenes que estamos en las calles no tenemos cómo defendernos, no tenemos armas, no teníamos nada más que nuestra voz. Tuvimos que tirar piedras, pero es lo único”, relata.
El Gobierno ha utilizado operativos combinados para reprimir las protestas, utilizando a las fuerzas del orden público y a los miembros de la juventud partidaria. Según relata Hermes Cruz, un profesional de 24 años que también está participando en las protestas universitarias, lo que han tenido que sortear los jóvenes ha sido extremadamente difícil. “Mientras la policía nos reprimía y agarraba a varios jóvenes para desaparecerlos, la Juventud Sandinista se tomó la universidad y le prendieron fuego a un predio vacío con monte que hay ahí. Nos perseguían, ellos tenían armas y nosotros tuvimos que correr a la catedral”, relata Cruz.
Se han registrado decenas de enfrentamientos de los jóvenes con la Policía y el Ejército, quienes han utilizado armas de alto calibre para disipar las protestas.
El “saqueo”, la empresa privada y la “verdad impoluta” El diálogo al que convocó Ortega invitó únicamente al Consejo Superior de Empresa Privada (COSEP), que hasta ahora había mantenido una estrecha alianza con el Gobierno, instaurando durante años un modelo corporativista.

Sin embargo, las cámaras empresariales se han distanciado del Gobierno, poniendo como condición para iniciar las negociaciones el cese de la represión a la población. Ortega en su discurso del domingo dijo: “No hay que poner condiciones para paz”. 

Por su parte los jóvenes estudiantes rechazan el llamado a diálogo de Ortega, pues les parece excluyente y sin verdadero compromiso. “Yo no estoy renuente al diálogo, pero tiene que ser de verdad e incluirnos a los jóvenes, y a todos los ciudadanos atropellados. Ortega sigue sin mencionar a los muertos en sus discursos. Ese tiene que ser el punto más importante”, manifestó Hernández.

El Gobierno, que ha hecho oído sordos ante estas peticiones, intentó presionar al los empresarios y desprestigiar a los protestantes. Los medios oficialistas reportaron cientos de saqueos en comercios en todo el país, y responsabilizaron a los manifestantes de ser los responsables. Sin embargo, a través de medios independientes y redes sociales, los ciudadanos demostraron que quienes realizaron los robos fueron miembros del partido de gobierno, protegidos por fuerzas policiales.
El modelo comunicacional del gobierno, manejado por la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ha seguido una línea dura de lo que ellos llaman la “verdad incontaminada”. Los medios del Gobierno reportan solo a fuentes oficiales o partidarias. A su vez a través de entes estatales ha cancelado las transmisiones televisivas de los pocos medios independientes del país, entre ellos el canal 100% noticias y el canal 12.
Reporteros de todo el país han sufrido ataques y robos de sus equipos por parte de grupos afines al Gobierno, incluyendo el periodista asesinado en el Caribe de un balazo en la cabeza, mientras transmitía en vivo en su página de Facebook.
El movimiento sin líderes y la juventud apática Esta es la primera vez en los 11 años consecutivos que Ortega lleva en el poder que se ha realizado una insurrección popular de esta magnitud. El mandatario, que también gobernó el país durante los años 80, llegó a la presidencia en 2006, cambiando el discurso de socialismo duro por la reconciliación social y la alianza con las iglesias católica y evangélica.
A través del control de todos los poderes de Estado, Ortega anuló la prohibición de reelección indefinida, que se encontraba en la Constitución política. En 2011 y 2016, Ortega se declaró ganador de las elecciones presidenciales en medio de serias denuncias de fraude electoral.
La oposición partidaria en el país ha sufrido múltiples fragmentaciones y su representación ha perdido fuerza durante los últimos años. Según una encuesta de la firma CID GALLUP, más del 50% de los nicaragüenses se identifica como “independiente”, es decir que no simpatiza con ningún partido político. Según los jóvenes y el pulso de las redes sociales, ese grupo es el que se ha volcado a las calles.
En los miles de ciudadanos que han protestado durante estos días no hay líderes visibles, y usualmente se organizan en grupos de amigos, vecinos o compañeros de clase, sin distingo de tendencia política. “Yo no pertenezco a ningún partido pero estuve ahí inclusive con gente del mismo Frente, estamos juntos en esto, esto es más que cualquier partido”, expresa Cruz.
La generación de jóvenes que ha encabezado las protestas, que nacieron después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, había sido duramente criticada por ser apática a los problemas sociales del país.
Sin embargo, en esta vuelta de tuerca se posicionan en un nuevo escenario. El obispo auxiliar de la Iglesia Católica, Silvio Báez, los ha llamado la “reserva moral del país”. Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra, ha reinvidicado el papel de la juventud en las luchas sociales de Nicaragua. “Las generaciones adultas les reclamaban frecuentemente por esa supuesta indiferencia y apatía, pero el desborde de energía y beligerancia desplegado en estas movilizaciones muestran que, al igual que el resto de la sociedad, los jóvenes no son apáticos, ni indiferentes, ni están desinformados”, escribió Cuadra en un artículo de opinión publicado en el medio nacional Confidencial.
Al cierre de estas líneas, los manifestantes siguen en las calles de todo el país enfrentándose al ataque de la Policía, el Ejército y las fuerzas de choque pro-Gobierno. Mientras, el “diálogo” propuesto por Ortega queda como palabras al viento, pues no se vislumbra apertura del Gobierno para realizar una discusión franca que incluya a los jóvenes y a otros sectores del país. En muchas de las pancartas que llevan los jóvenes a las protestas se lee: “Los muertos no dialogan”.

La postración de Gustavo Petro

¿Dignidad o votos?


“Bienaventurados sean los perdedores, y malditos sean quienes confunden el mundo con una pista de carreras y lanzados a las cumbres del éxito trepan lamiendo hacia arriba y escupiendo hacia abajo”.
Eduardo Galeano

La altura moral, el compromiso ético, el desprendimiento, la solidaridad y el amor a la justicia de una persona, cualquiera que ella sea, se demuestran en los instantes de dificultad, cuando hay que enfrentar retos y desafíos apremiantes, que exigen claridad meridiana y muestran la real estatura de un ser humano. Esos atributos que, además deberían caracterizar a un político que se reclama de izquierda, no pueden estar sujetos al vaivén de un certamen electoral, algo efímero y circunstancial.
Uno de esos momentos críticos es el que ahora estamos viviendo en Colombia, a raíz del montaje orquestado entre la DEA y el Estado colombiano contra el dirigente de las Farc, Jesús Santrich, quien fue hecho prisionero el 9 de abril por el régimen de Juan Manuel Santos. Este acontecimiento ―y cualquiera con dos dedos de frente entiende que es una infamia para darle la patada final al fallido acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc­― requiere de circunspección, para no creer las mentiras de los Estados Unidos, a través de una agencia nocivas y criminal, la DEA, en mutuo acuerdo con sus vasallos de la Fiscalía y el gobierno de Santos.
Se esperaría, no por oportunismo político, sino por dignidad –algo que parece estar en vías de extinción en Colombia y el mundo– que Gustavo Petro, como candidato a la presidencia que dice encarnar un programa alternativo, hubiera tomado una distancia prudencial frente a las mentiras, engaños y embustes que se han propalado en estos días sobre Jesús Santrich. Pero no, Gustavo Petro ha dicho las mismas estupideces que los otros candidatos del establecimiento, como lo podemos constatar al leer algunos de los mensajes de twitter que envió el 10 de abril. En uno primero, con una pésima redacción dijo: “Por lo delicado de la situación en que queda el proceso de paz y la división de la sociedad respecto a él. El Fiscal General debe personalmente mostrar a la opinión todas las evidencias respecto al caso Santrich para que no quede ninguna duda de los procedimientos a seguir”.
Aquí empieza la cadena de irresponsabilidades. ¿Acaso se le puede pedir seriedad a un personaje como el Fiscal General ―una ficha de Uribe, Santos y Vargas Lleras, es decir, de la felonía y la impunidad― y avalar como pruebas indiscutibles los inventos proporcionadas por Estados Unidos? Por favor, no nos crea tan ingenuos de aceptar que lo que diga el Fiscal y las falsas pruebas que muestre –que, recordemos, se las envió la DEA y una corte de los Estados Unidos– son elementos suficientes y creíbles para considerar como normal lo que se está haciendo contra Santrich y contra lo poco que quedaba del agónico acuerdo. Con esa lógica tan pobre y elemental, ¿deberíamos creer a pie juntillas, en la misma dirección, y para refrescarle la memoria a Gustavo Petro, la mentira que se inventaron en la Embajada de los Estados Unidos al otro día de la toma del Palacio de Justicia (8 de noviembre de 1985), al decir que esa acción fue ordenada y financiada por el criminal Pablo Escobar para recuperar sus expedientes por narcotráfico, mentiras que el gobierno de Belisario Betancur y sus sirvientes mediáticos se encargaron de reproducir? ¿Debemos creer, entonces, el infundio de que la toma del Palacio de Justicia, organizada por el M-19, del que era militante en ese entonces Gustavo Petro, fue auspiciado económicamente por el Cartel de Medellín, simplemente porque eso lo dijeron funcionarios de los Estados Unidos? ¿Ese es el tipo de pruebas, proporcionados por Estados Unidos, que debemos aceptar y validar en el caso de Jesús Santrich, sin cuestionarlas de ninguna manera?
Ese mismo día, 10 de abril, Petro envió otro mensaje de Twitter en el que afirmó: “ De la dirección de las Farc esperamos no un espíritu de cuerpo en defensa de su integrante sino el bien superior de Colombia: la Paz. La comunicación con sus bases para impedir el retorno a las armas y la evaluación sería se (sic) los retos que demanda su compromiso con el país”. Es decir, la dirección de las Farc debe aceptar, como parece que lo está haciendo, que se condene por anticipado a uno de los suyos, se le envié a una mazmorra de los Estados Unidos, con unas pruebas inventadas y además les digan a sus militantes que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparse, aunque los empiecen a extraditar. Y, para rubricar, Petro dice que se les debe pedir a las bases de las Farc que aguanten lo que hace la DEA y el Estado colombiano, todo a nombre dizque de su compromiso con la paz y el país. ¿Y dónde queda el dolor y el sufrimiento de un ser humano, de todos los ultrajes, humillaciones y mentiras que soporta, dentro de la cárcel en dónde está y fuera de ella? ¿Eso no importa, a nombre de unos valores etéreos como el tal “compromiso con el país”? ¿Un político que habla a nombre de otro proyecto de país no debería haber pedido la libertad inmediata de Jesús Santrich y denunciar lo que verdaderamente representa ese hecho, como declaración de guerra? Además, como lo de Santrich es un mensaje amenazador que se les está enviando a quienes se acogieron al proceso de paz, ¿qué confianza en el Estado colombiano se les puede pedir?, ¿Dónde quedó la pretendida seguridad jurídica del acuerdo?, ¿Quién garantiza su vida y sus derechos? ¿Acaso Petro no les está pidiendo a los militantes de las Farc que esperen tranquilamente a que los maten o extraditen, que al fin y al cabo es otro tipo de asesinato?
En otro de los mensajes de ese día, Petro agregó: “Será la sección (sic) dd (sic) la JEP la que le notificará a la sociedad colombiana si los hechos ocurrieron después de la firma del acuerdo. Solo así surtirá el tratado de extradición. La JEP mostrará ente (sic) Colombia su pertinencia y el Presidente debe contar con todo el apoyo de Colombia”. Dejando de lado la ortografía y escritura, que parece el twitter permite eludir, digamos que Petro ya acepta la condena proferida contra Santrich desde los Estados Unidos, dando por supuesto que los hechos existieron y que solamente se debe corroborar si fueron antes o después de la firma del acuerdo del Colón. Qué estrechez de miras, aceptar de buenas a primeras lo que se dice en Estados Unidos y que tanto gravita sobre el presente y el futuro de nuestro país, para aceptarlo como válido. ¿Por qué Petro no pide que primero se indague cómo fue el montaje y cómo se hizo, a quien beneficia, en lugar de aceptar las infamias contra Santrich?
Y, como no podía faltar, remató sus mensajes de ese día 10 de abril en twitter con una perla, la que el establecimiento, la derecha y los arrodillados querían escuchar, y a los que él satisfizo con plenitud: “Queda (sic) a prueba las instituciones de la Paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el Presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado”.
Es decir, Petro termina siendo igual a los candidatos de derecha y de centro derecha –como los inefables Sergio Fajardo o Humberto de la Calle– en lo relativo a un punto tan álgido como lo es el de la extradición y las relaciones con los Estados Unidos. En efecto, Petro no cuestiona de ninguna forma la imposición de los intereses de los Estados Unidos en su orquestada Guerra contra las Drogas, ni se pregunta qué hace una agencia como la DEA en Colombia, moviéndose en nuestro territorio como si este fuera un barrio de los Estados Unidos, ni tampoco menciona el tema de fondo, el de la soberanía colombiana. Todo lo acepta como un buen alumno de la sumisión, con el único y exclusivo fin, de ganar votos. ¿De quién? El supone, con optimismo, que así la extrema derecha le endosara sus votos y luego lo dejará gobernar, ante un hipotético triunfo en las próximas elecciones. ¡Soñar no cuesta nada! ¡El problema es que Colombia no es un país de sueños, sino de macabras pesadillas!
Por nuestra parte, nos parece que no debe endosarse la dignidad por afanes electorales de ocasión, porque nunca hemos creído en la supuesta virtud transformadora de las elecciones, y además pensamos que lo mejor es hablar claro y a tiempo, sin temor de afectar a esta o aquella campaña. Por eso, decimos, el comportamiento de Gustavo Petro no nos extraña, si tenemos en cuenta algunos de sus antecedentes. Entre ellos puede mencionarse su contribución a la escogencia de un personaje siniestro, Alejandro Ordoñez, como Procurador General de la Nación, el haber agenciado una política contrainsurgente desde la dirección del Polo Democrático, presentar información adulterada sobre títulos universitarios, haberse aliado con Juan Manuel Santos, renunciando a la movilización popular cuando era Alcalde, para que sencillamente no fuera destituido…
Hacia el futuro inmediato y lejano, y cuando se haya decantado este bochornoso montaje, lo que va a quedar no es la búsqueda de votos, sino la postura vergonzosa de todos aquellos que no fueron capaces de distanciarse de las mentiras y de las calumnias propaladas en esos momentos contra Jesús Santrich y que se limitaron a repetirlas como loros mojados y a secundarlas. Y Gustavo Petro estuvo entre ellos, no fue diferente, no tuvo una postura ética a la altura de las circunstancias, se plegó a los dictados del establecimiento y del bloque de poder contra-insurgente. Su pequeñez, su falta de dignidad, eso es lo que quedara como legado para la historia de este momento transcendental de la vida colombiana, y eso no importa ni depende del resultado de las elecciones que se avecinan. Esa mancha ya quedó en su biografía, de manera indeleble, y forma parte de la indignidad que se ha generalizado en la vida colombiana. Como bien lo dijo Eduardo Galeano, finalmente “el mundo se divide entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar”. 

Brasil 2018, el PT y Lula

Valter Pomar *

El resultado de la campaña por lalibertad de Luiz Inacio Lula da Silva, la movilización social contra las medidas del gobierno golpista, las definiciones estratégicas que el Partido de los Trabajadores (PT) vaya a adoptar y el desenlace de la próxima elección presidencial van a decidir no sólo el futuro de Brasil, sino también del PT.

En 1960, el pueblo brasileño asistió a las urnas y eligió presidente. En 1964 se produjo un golpe militar. Uno de los motivos del golpe era impedir la posible victoria, en las elecciones presidenciales de 1965, de Leonel Brizola, líder del Partido Laborista Brasileño. Después del golpe de 1964 tuvimos 21 años de dictadura militar, durante la cual la presidencia de la república estuvo ocupada por generales. Fue en 1985 cuando un colegio electoral, compuesto por parlamentarios, eligió un mandatario civil, ex líder del partido que apoyó la dictadura.

Sólo en 1989 el pueblo brasileño reconquistó el derecho de elegir, mediante el voto directo, presidente de la república. En esos comicios de 1989, Luiz Inacio Lula da Silva, principal dirigente del PT, concurrió a la presidencia de la república por primera vez. Casi venció. Después perdió otros dos comicios, en 1994 y 1998. Sin embargo, Lula continuó participando y venció en las presidenciales de 2002 y 2006. Después, con el apoyo de Lula, Dilma Rousseff, también del PT, ganó los de 2010 y 2014.
Los sectores derrotados en las jornadas electorales de 2014, 2010, 2006 y 2002 no se conformaron con la situación y pasaron a articular un golpe de Estado. En 2016, sin que hubiera ningún crimen, una mayoría parlamentaria de centroderecha, apoyada por la cúpula de la justicia y las fuerzas armadas, el oligopolio mediático y el gran capital, aprobó un impeachment totalmente ilegal.
Desde agosto de 2016 la presidencia de Brasil es ejercida por el hasta entonces vicepresidente de Rousseff, un señor llamado Michel Temer, afiliado al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). El gobierno golpista de Temer aplica un programa que destruye la soberanía y entrega las riquezas nacionales, desmonta los programas sociales, genera desempleo, acaba con los derechos laborales y reduce las libertades democráticas. Las encuestas revelan que el gobierno golpista de Temer es rechazado por más de 90 por ciento de la población del país. Y los sondeos de intención de voto apuntan que Lula es el preferido para ganar en las presidenciales de octubre de 2018.
Para impedir que esto ocurra desencadenaron una campaña de medios contra Lula y el PT, amenazan con cesar la leyenda del partido y procesaron y condenaron a Lula sin que hubiera pruebas. Ahora lo arrestaron.
La Constitución brasileña es clara: nadie puede ser detenido antes de ser considerado culpable por todas las instancias de la justicia. Hasta el momento, quienes condenaron a Lula, en un juicio lleno de irregularidades y sin pruebas, fueron jueces de primera y segunda instancias. En la justicia de Brasil existen tres instancias. Por tanto, según la Constitución brasileña, Lula no podría ser arrestado y ni siquiera podría ser considerado culpable. Pero la más alta Corte judicial del país ha dado su respaldo para recluir a Lula.
No es sólo Lula quien está bajo ataque. El PT, así como los movimientos sociales y demás partidos de la izquierda brasileña, también están siendo agredidos. Pero, aun si las encuestas siguen confirmando que Lula es el preferido para vencer en las presidenciales, los mismos sondeos confirman que el PT continúa siendo el partido que cuenta con la mayor simpatía del pueblo brasileño.
Por esto, si dependiera del sector que comanda el golpismo, Lula quedaría preso muchos años, siendo impedido de concurrir a los comicios y hacer campaña. Si ello ocurriera, las presidenciales tenderían a convertirse en fraude.
Hoy hay 21 precandidatos a la presidencia. De éstos, 16 apoyaron directa o indirectamente el golpe de 2016. Si Lula es candidato, la izquierda seguramente estará en la segunda vuelta. Pero si no es postulado, las encuestas indican que una candidatura de extrema derecha es la que tiene mayor posibilidad de estar en la segunda vuelta.
Frente a este escenario hay diferentes posiciones en la izquierda brasileña.
Un sector de ésta defiende participar en las presidenciales, sea por creer que la izquierda puede vencer y/o creer que las elecciones serían una oportunidad para dialogar con la población y acumular fuerzas.
Otro sector de la izquierda defiende que si Lula es impedido de concurrir como candidato e incluso hacer campaña, el resultado ya estará predeterminado y lo mejor será llamar al voto nulo.
Ningún sector de la izquierda defiende boicotear las demás elecciones –para diputados estatales y federales, para senadores y gobernadores–, que van a celebrarse simultáneamente a la presidencial.
La posición del PT, aprobada por su dirección nacional en diciembre de 2017 y reafirmada tras la detención de Lula, es la siguiente: él es nuestro candidato a la presidencia y será inscrito ante el Tribunal Superior Electoral en el plazo previsto por la ley, es decir, hasta el 15 de agosto.
A pesar de ser la posición del PT, hay importantes líderes petistas que defienden lo siguiente: si la candidatura de Lula es impugnada por la justicia electoral, el PT debería lanzar otra postulación e incluso apoyar una candidatura de otro partido.
El debate sobre la táctica electoral está vinculado, directa e indirectamente, con una discusión sobre la estrategia del partido. Desde 1995 el PT ha adoptado una estrategia que podemos denominar cambio sin ruptura. El supuesto fundamental de ésta es que la clase dominante brasileña respetaría las reglas del juego. Así, sería posible vencer en elecciones presidenciales y legislativas seguidas y utilizar los espacios institucionales para, de forma paulatina y progresiva, aumentar el bienestar social, ampliar las libertades democráticas y afirmar la soberanía nacional de Brasil.
El golpe de 2016 confirmó algo que sectores minoritarios del PT siempre dijeron: la clase dominante brasileña no aceptaría perder sus privilegios y, si fuera necesario, rompería con la legalidad.
Es lo que ha ocurrido en 2016 y la nueva situación exige al PT una rediscusión de su estrategia a medio plazo. Ésta puede llevar al PT a aceptar el nuevo statu quo. O puede llevar a ese partido a adoptar nuevamente la estrategia que defendía en los años 80: hacer cambios también mediante rupturas.
El desenlace de la campaña por la liberación de Lula, la movilización social contra las medidas del gobierno golpista, las definiciones estratégicas que el PT vaya a adoptar y el desenlace de la próxima elección presidencial van a decidir no sólo el futuro de Brasil, sino también el futuro del PT. Éste puede convertirse en un partido con un gran pasado por delante o puede continuar siendo la principal expresión política de la clase trabajadora brasileña.
* Ex secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo

Macron en guerra contra el pueblo francés

Guillermo Almeyra

Macron es una nueva resurrección de ese Bonaparte que se presenta tan a menudo en Francia, siempre en una versión más mísera y caricaturesca. En su visita a Epinal, en el Nordeste, fue abucheado y silbado desde que llegó rodeado de guardiaespaldas fornidos, pero asustados. Allí fue interpelado por un ferroviario, un estudiante, un jubilado y una enfermera y no tuvo que discutir con más gente porque los demás le gritaban y porque acortó su visita.

Encuestas recientes dicen, por gran mayoría, que las reformas de todo tipo que emprendió en favor del gran capital empeoran la situación y 75 por ciento de los encuestados dice sentir que la democracia se ha reducido mucho.

No es para menos: en Notre Dame des Landes, cerca de Nantes, durante ocho días 2 mil 500 policías de choque combatieron ferozmente contra ecologistas que ocupaban los terrenos agrícolas y boscosos y que se defendieron con piedras y cócteles molotov. Ante la llegada de otros 2 mil ecologistas de Francia y de toda Europa para auxiliar a sus compañeros, el gobierno intentó un diálogo dirigido por su ministro de Ecología y propuso que los ocupantes presentasen planes para cultivar parcelas.
Los ecologistas respondieron que un proyecto de agricultura biológica se hace en todo un territorio, no en parcelas privadas, y que tienen además un plan de autogestión integral para la zona que va más allá de la agricultura.
Simultáneamente, Macron atacó a los estudiantes que han ocupado 15 universidades en todo el país, desde Nanterre hasta Montpellier, Marsella y Nantes, porque junto con los sindicatos de profesores se oponen a una ley de enseñanza que fija mecanismos de selección y exclusión y prepara el terreno para la privatización. Buena parte del éxito de estos bloqueos universitarios, que se extienden, se debe al repudio a la intervención policial o de grupos parafascistas en las universidades.
Al mismo tiempo, recorta los fondos para las municipalidades rurales y cierra en ellas escuelas, provocando la ira de los vecinos, reduce el presupuesto escolar –lo que redunda en menos personal, más trabajo para el resto y peores condiciones para los niños– y pretende que los hospitales no tengan déficit (cuando éstos brindan un servicio público y, además, garantizan las ganancias empresariales al proteger la salud de los trabajadores y su productividad).
También elevó la edad para jubilarse, redujo el margen de actividad sindical en las empresas y las indemnizaciones por despido y afectó las magras pensiones y jubilaciones. Se lanzó simultáneamente contra los ferroviarios que, como respuesta, están haciendo una huelga de tres meses parando dos día cada semana, lo cual siembra el caos en las ciudades que tienen escasísimo transporte alternativo, y las rutas congestionadas.
El objetivo es convertir a los ferrocarriles –que son una empresa estatal– en una sociedad privada por acciones, para lo cual el Estado (o sea, los contribuyentes) pagaría los 46 mil millones de euros de la empresa actual (que hoy comunica a los pueblos rurales funcionando, con pérdidas, mediante ramales locales que podrían ser clausurados) para permitir que empresas extranjeras compitan con la nacional en las líneas altamente lucrativas. Los ferroviarios respondieron con manifestaciones y con su huelga actual, que durará hasta fines de junio, pero que podría prolongarse. Lo hacen para defender sus conquistas de décadas, pero también para luchar por los servicios públicos.
Eso ha llevado a los funcionarios públicos de todo tipo y a los electricistas y los trabajadores de Air France a unir sus huelgas con la de los ferroviarios. Los electricistas reinstalan gratuitamente la electricidad de aquellos a quienes les cortaron el servicio por falta de pago y también cortan la corriente a las empresas que despidan o suspendan, como el gigante Carrefour.
Macron ofendió también a un país que es laico desde 1905 y donde los ateos son mayoría, sugiriendo relaciones privilegiadas con la Iglesia católica y logró igualmente el repudio unánime de todas las asociaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los refugiados, porque encarcela a éstos incluso sin importar que sean menores de edad y quiere empeorar las normas que rigen el pedido de asilo o la expulsión.
Por si fuera poco y, a pesar de tener mayoría en ambas cámaras, ignora al Congreso y le presenta hechos consumados, como el ataque a Siria, además de acusar a los estudiantes de agitadores profesionales y agentes del desorden y de sostener que detrás de las huelgas hay una intención política subversiva.
Para terminar, y como cereza sobre el postre, propone que todos los franceses trabajen gratuitamente todo un día feriado para destinar el producto de esa jornada a los ancianos y los muy pobres, a pesar de que ese impuesto de solidaridad podrían pagarlo tranquilamente las grandes empresas que han tenido ganancias récord.
Este Napoleón de tercera logró en la primera vuelta 18 por ciento de los votos. En la segunda, contra Marine Le Pen, a la que le habría ganado hasta un zapato viejo, logró 64 por ciento, pero de los votantes, que no llegaron al 50 por ciento; Macron tiene poco más de 30 por ciento, pero con votos prestados por los antifascistas. Su apoyo real no pasó, así, de 20 por ciento, aunque habla y actúa como si fuese emperador de los franceses por derecho divino y hasta los periodistas que lo entrevistan deben decirle, literalmente, para frenar su arrogancia ni usted es profesor, ni nosotros somos sus alumnos.
Ahora convergen todos los sindicatos, que en vano intentó desunir, ferroviarios, electricistas, aeronáuticos, trabajadores de Carrefour y de otras empresas en huelga, médicos, enfermeras, maestros y profesores de secundaria y universitarios, estudiantes de los mismos niveles, jubilados, abogados y jueces, ecologistas y pacifistas. Logró incluso la hazaña de que en una misma manifestación sindical participen Jean-Luc Mélenchon, de izquierda, los liberal socialistas y Marine Le Pen.

martes, 24 de abril de 2018

Unasur: las derechas del sur al servicio de USA


Declaración de ALBA Movimientos

El reciente anuncio de las cancillerias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de suspender temporalmente su participación en la Unasur es un paso más de estos gobiernos neoliberales al servicio del imperio norteamericano.

Se trata, en la superficie, de una extorsión para imponer como secretario gral de la Unión de Naciones a un delegado del presidente argentino, el otrora progresista José Octavio Bordón, de quien se intenta que haga un ''aporte'' a la causa imperialista continental similar al que viene realizando desde la OEA otro ex progresista, Luis Almagro. En lo profundo, sin embargo, apunta a acelerar el objetivo central, mucho más ambicioso: la desactivación total de la UNASUR, uno de los nuevos organismos de integración surgidos en el siglo XXI. En el horizonte, además, apuntan a liquidar también la CELAC, único organismo en la historia que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe y excluye a USA y a Canadá.

No casualmente, este nuevo avance imperial sucede apenas el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asume la presidencia Protempore de la Unasur, con una agenda soberana para Nuestra América, que -como ya adelantó el canciller Fernando Huanacumi- incluye una integración en materia de defensa ''que permita consolidar a la región como una zona de paz, libre de armas nucleares y de corrupción masiva, rechazando la guerra, promoviendo el desarme, la resolución pacífica de los conflictos y la cultura de paz'' y la promoción de la ciudadanía universal para respetar y promover los derechos de las personas migrantes, que en el caso de América somos un mismo pueblo, mestizo y diverso.

A esta visión soberana e integracionista que impulsan Bolivia y los demás países de ALBA-TCP se le opone la estrategia guerrerista de las derechas locales, subordinadas -como durante toda la historia- a las potencias imperiales, en este momento en particular a los Estados Unidos, cuya élite intenta volver a controlar lo que considera su patio trasero. Para este objetivo es el asedio político, mediático, económico y militar contra Venezuela y la ofensiva diplomática contra Unasur y CELAC.

En este contexto, los movimientos hacia el ALBA denunciamos que el intento de golpe contra Unasur no es para fortalecer la integración y la soberanía de nuestros pueblos, sino todo lo contrario: para contribuir a achicarlas. Acompañamos al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el sentido de promover el diálogo entre todos los integrantes en función de reactivar un organismo necesario para los pueblos de Nuestra América, que requiere profundizar sus políticas para que América del Sur sea territorio de paz, de dignidad y de justicia social, que permita la construcción de un socialismo Nuestro Americano 

Minería en Crucitas y crimen organizado


Costa Rica
Federación Ecologíata (FECON)

La minería en Cutris de San Carlos es particularmente distinta a otros cantones como Osa o Abangares. En Crucitas operan bandas de crimen organizado que son capaces de traer mercurio desde Nicaragua, transportar miles de personas en un solo día y abastecerlos de herramientas y comida; todo para extraer el oro, incluso son capaces de enfrentarse a las fuerzas policiales costarricenses . Estamos hablando de que no se trata de la “fiebre de oro” como algunos medios de comunicación le dicen, sino la expresión de una estructura organizativa que sobrepasa la capacidad del Estado en la zona y que tiene vínculos internacionales .
Desde inicios de año 2017 se reportan numerosos casos de detención por minería de oro ilegal en Las Crucitas de Cutris de San Carlos. En paralelo se ha reactivado en distintos niveles el conflicto legal (Boeglin, 6-12-2017), tanto a nivel nacional e internacional por casos de corrupción vinculados a la empresa Infinito Gold S.A. y al presidente en en ejercicio en ese momento Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz. Pero llama la atención la orquestación de voluntades piden por que vuelva la megaminería industrial ante este desastre de la minería ilegal.
Además l os ataques contra l as organizaciones ambientalista s por parte altos jerarcas del gobierno son reiteradas e irresponsables. V imos como de forma lamentable el actual Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez hace alucines falsas sobre nuestras actuaciones (Repretel, 2-3-2018) y buscan sacar de foco la discusión central. La situación en Crucitas tiene una raíz que ni las organizaciones ecologista ni el Estado pueden controlar: las relación que tienen la megaminería de oro, el narcotráfico y la minería ilegal.
Para el caso de Crucitas, distintas autoridades han señalado la existencia de estructuras criminales funcionando en la zona. Estas son capaces de contratar miles de personas y contrabandear mercurio para que hagan la extracción ilegal para luego llevarlo a Abangares a procesarlo. Cantón dónde es legal la minería artesanal.
El mercurio pasa por la frontera de forma irregular en cantidades importantes. Hay que recordar que el mercurio, sustancia que separa el oro de los demás elementos, es un metal con índices elevados de bioacumulación y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy peligroso para la salud humana, incuso en dosis bajas. Al mismo tiempo el país tiene compromisos a nivel internacional de erradicar el uso de mercurio en la actividad de extracción de oro artesanal, esto al formar parte del Convenio de Minamata, ratificado por Costa Rica en enero de 2017.
Por esta razón no es difícil suponer que se trata de una situación irregular y fuera del ordenamiento legal de Costa Rica vinculado a estructuras transnacionales de crimen organizado. Incluso existen denuncias por parte de diputados de la República sobre presencia de narcotráfico dentro de estas estructuras que operan en Cutris para sacar oro (La Nación, 11-9-2017).
En un contexto regional. En América Latina la minería ilegal ha tenido un auge importante vinculado a estas estructuras transnacionales del narcotráfico y las empresas mineras formales. En México por ejemplo los cártel predominantes reciben mucho más dinero de la minería ilegal que del tráfico de cocaína (Desinformémonos,2014 y Proceso, 2016). Se estima que el 9% de todo el oro extraído y exportado de México al mundo es manejado por los cártel del narco.
En el informe de la organización suiza Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GIATOC), titulado “El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina” (2016) concluye que los principales actores criminales dedicados al narcotráfico encuentran en la minería ilegal un negocio más rentable que en la venta de drogas.
Según GIATOC en Perú y Colombia -los mayores productores de cocaína en el mundo- el valor de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las exportaciones de cocaína. Este mismo informe confirma que “la minería ilegal ha sido la forma más fácil y redituable de lavar el dinero proveniente del narcotráfico en Colombia”.
Por otro lado y para el caso de Costa Rica la organización InSight Crime, radicada en Colombia pero que hacer análisis de estos temas a nivel regional, señala que el caso de Crucitas es un claro ejemplo de diversificación del panorama criminal (InSight Crime, Junio, 2017).
Los mecanismos de control sobre la finca, la trata de personas dentro de la zona y los canales de trafico de mercurio son indicios para sospechar que esta actividad se encuentra manejada por actores provenientes del crimen organizado que el Estado debería de investigar y frenar.
Existen propuestas e incluso planes de acción para la zona. Uno es el “Agenda de Desarrollo Fronterizo Norte”. El cual comprende los cantones de Pocosol, Cutris y Pital. Esta agenda se compone de 103 acciones concretas que el Gobierno ha propuesto para la zona pero que no se han venido ejecutando. Estas acciones van desde desarrollar centros de estudio, investigación y capacitación hasta creación de capacidades productivas agropecuarias. Iniciativa que son un paso en la dirección correcta, pero debe ser el nuevo gobierno que las implemente a que este perdió cuatro años en la inacción y la complicidad.
Notas:
1. Boeglin, N. Crucitas: Tribunal del CIADI pospuso decisión sobre jurisdicción en demanda de Infinito Gold. Consultado el 21 de abril 2018 en http://informa-tico.com/6-12-2017/crucitas-tribunal-del-ciadi-pospuso-decision-jurisdiccion-demanda-infinito-gold
2. Repretel, 2-3-2018. ”Un 'desastre' la minería legal según ministro” Consulado el Sábado 3 de marzo de 2018 http://www.repretel.com/actualidad/un-desastre--mineria-legal-segun-ministro-107490
3. La Nación, 11-9-2018. “Seguridad confirma que grupos organizados manejan extracción de oro en Crucitas” https://www.nacion.com/el-pais/servicios/seguridad-confirma-que-grupos-organizados-manejan-extraccion-de-oro-en-crucitas/3HLAO6OPKVAAXOQSTLBPUM5RPM/story/
5. Desinformémonos, 30-10-2014. La pareja de la minería y el crimen organizado en Guerrero. https://desinformemonos.org/la-pareja-de-la-mineria-y-el-crimen-organizado-en-guerrero/
6. Proceso. 30-3-2016. Revelan colusión de empresas mineras con líderes del narco. https://www.proceso.com.mx/435267/revelan-colusion-empresas-mineras-lideres-del-narco
7. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GIATOC). “El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina” ( 2016 ) http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/El-Crimen-Organizado-y-la-Minería-Ilegal-de-Oro-en-América-Latina.pdf
8. InSight Crime. “Minería ilegal de oro sugiere diversificación de panorama criminal en Costa Rica” https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/mineria-ilegal-oro-costa-rica-indica-panorama-criminal-esta-diversificando/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Jaque a la UNASUR

CELAG

A cuatro días de haber asumido Bolivia la presidencia pro témpore de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) para el período 2018-2019, el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, confirmó la recepción de una carta en la que los cancilleres de seis países miembros notifican que no asistirán a las próximas reuniones del organismo, aunque no se pronuncian con respecto a la membresía[1].
La carta fue firmada por los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, quienes basan su decisión en la falta de nombramiento del Secretario General y en las fallas en el funcionamiento interno del organismo, a la vez que adelantan su intención de tomar más acciones en las próximas semanas[2].
Desde el 31 de enero de 2017 –luego de finalizada la gestión Ernesto Samper–, el más alto cargo del organismo se encuentra vacante. A este respecto, el canciller boliviano recordó que: “Durante la presidencia de Argentina, que nos ha antecedido, no se convocó a cancilleres o una cumbre de presidentes para un diálogo de alto nivel que dé solución a temas pendientes”[3].
El 13 de noviembre de 2017 trascendió la noticia de que Mauricio Macri –por aquel entonces Argentina ostentaba la presidencia pro témpore– abandonaría UNASUR. Entre las causas esgrimidas el mandatario argentina destacó:
La oposición del ALBA –bloque que integran Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua– a la candidatura de José Octavio Bordón como secretario general impulsada por el propio mandatario argentino.
La negativa a impulsar proyectos de infraestructura, interconectividad, acuerdos comerciales y otros esquemas de confluencia regional.
Aunque no hay una ruptura definitiva con el organismo, la autoexclusión de la mitad de los países que conforman UNASUR, significa un duro golpe a la integración regional, trabajada por más de una década desde instancias multilaterales creadas bajo el impulso, en su mayoría, de gobiernos progresistas, pero con un permanente respeto a la diversidad ideológica de la región. Tanto es así que cuando la UNASUR nació la integraban líderes políticos tan diversos como Álvaro Uribe, Nicanor Duarte y Alan García.
Recientemente, el presidente Evo Morales anunciaba el relanzamiento de UNASUR y de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) como espacios tendientes a fortalecer la integración mediante proyectos de infraestructura, desarrollo energético y consolidación de la ciudadanía suramericana. Asimismo, se refirió a la necesidad de nombrar con celeridad al Secretario General de UNASUR, el cual, como reza el acta constitutiva, podría ser algún expresidente o excanciller de los países miembros[4].
Sin embargo, la voluntad de Bolivia para reactivar este espacio de integración regional chocó con la avanzada de la derecha regional que abogó por volver a instancias como la OEA para dirimir conflictos regionales, siendo Macri y Temer los grandes impulsores de este cambio de enfoque. En efecto, la misiva difundida en simultáneo por las seis cancillerías es, en definitva, una presión tácita para la elección de Bordón (actualmente el único candidato)
Huanacuni afirmó este viernes en una rueda de prensa en Quito, que no ha recibido ninguna notificación oficial y que el proceso de abandono requeriría un formalismo del cual no fue notificado. También adelantó que su intención es convocar una reunión de los titulares de Exteriores el mes de mayo. El sábado 21, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, emitió un comunicado afirmando su posición de “total apoyo” al proceso de integración que significa UNASUR[5].
Desactivar la UNASUR se suma al decálogo de acciones emprendidas para echar por tierra los procesos de integración soberana y democrática en la región, y sustituirlo por instancias antidemocráticas tuteladas desde el norte, donde se fomentan iniciativas de injerencia y presión a los pueblos de la región. Buen ejemplo de este tipo de iniciativas es El Grupo de Lima conformado por 12 países americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú), el pasado 8 de agosto de 2017[6]. Con la virtual desactivación de la UNASUR, la región pierde un mecanismo más de diálogo intrarregional y diverso y da un paso atrás hacia la dependencia de Estados Unidos para dirimir los asuntos que atañen a los pueblos latinoamericanos.
Notas:
Giordana García Sojo (@Giordanags) es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)